La UCO registra la casa de Ábalos y pide contratos a Adif en una nueva pieza secreta del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves la vivienda en Valencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, requirió documentación a Adif sobre presuntos contratos de obra pública «amañados» y detuvo a seis personas en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla. El operativo lo ordenó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dentro de una nueva pieza separada del caso Koldo, que abrió el pasado martes tras recibir un nuevo informe de la UCO y que está declarada secreta.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, la nueva pieza es un desglose de la rama que investiga presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública. La investigación se coordina con la Fiscalía Anticorrupción. Los seis detenidos quedaron en libertad ese mismo día, según informó Europa Press.

Quiénes fueron detenidos

Solo han trascendido dos identidades. Una es Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, que estaba en la casa de Valencia durante el registro y que, según EFE, se acogió a su derecho a no declarar. El exministro cumple prisión tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo en la parte del caso relativa a los contratos de mascarillas.

El otro es el empresario Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y al comisionista Víctor de Aldama, cuyo domicilio en Córdoba también fue registrado. Su papel junto a Pedro Sánchez es objeto de versiones enfrentadas: el PP lo señala como el conductor del actual presidente durante las primarias socialistas de 2017, mientras que fuentes del Ejecutivo citadas por EFE niegan que fuera nunca su chófer. Fuentes del PSOE dijeron a la agencia que el partido no le ha pagado nunca y que no lo conocen, aunque no descartaron que condujera el coche de Sánchez, «como lo pudo haber hecho cualquier otra persona».

Los agentes acudieron además a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y a la de la constructora Azvi en Sevilla. Fuentes de Adif trasladaron a EFE que la empresa pública entregó esa misma mañana la información requerida y subrayaron su «total colaboración». El presidente de Azvi, Manuel Contreras, declaró meses atrás en el Supremo que había contratado en 2023 a Koldo García, exasesor de Ábalos, para abrir mercado en Sudamérica.

La respuesta del Gobierno

Sánchez se desvinculó de los arrestados en la rueda de prensa posterior al pleno de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. «Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo», afirmó, y defendió la «total colaboración» del Ejecutivo con la Justicia. El presidente añadió que el asunto no parece «nada nuevo», sino una causa que los jueces investigan desde hace años.

Según EFE, el Gobierno y el PSOE confían en que la operación no altere la precampaña electoral y recalcan que los tiempos judiciales y los políticos son distintos.

Qué se investiga y qué sigue

Antes de este operativo, el juez Moreno ya investigaba a una quincena de personas por presuntas mordidas en obra pública, entre ellas Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán. El procedimiento nació en 2024 por contratos de mascarillas y se amplió después a las adjudicaciones de obras y a los pagos en efectivo con los que el PSOE reembolsaba gastos adelantados por sus cargos, una línea que también se instruye en secreto.

Como la nueva pieza es secreta, no se han hecho públicos los delitos concretos que se atribuyen a los seis detenidos ni la identidad de los otros cuatro.