Una jueza de EE. UU. prohíbe a Justicia amenazar con procesar a funcionarios electorales antes de las legislativas

La jueza federal estadounidense Trina Thompson dictó este viernes 30 de octubre una orden de restricción temporal que impide al Departamento de Justicia amenazar con acciones penales a los funcionarios electorales estatales y locales que no atiendan sus exigencias sobre el supuesto voto de no ciudadanos, según informó Reuters. La decisión llega a cuatro días de las elecciones de mitad de mandato del martes 3 de noviembre, en las que se decide el control del Congreso.

La orden prohíbe exigir a esas autoridades que borren a votantes del censo, que les nieguen la papeleta o que aparten sus votos basándose en listas elaboradas por el Gobierno de Donald Trump con personas a las que considera no ciudadanas. Según CBS News, la jueza también obligó al departamento a informar al tribunal de cualquier solicitud de orden de registro o citación pendiente relacionada con el asunto.

Thompson, nombrada por el expresidente Joe Biden, escribió que «el equilibrio de intereses y el interés público» favorecen a los demandantes. En su resolución, recogida por CBS News, sostuvo que la actuación del Gobierno probablemente vulnera la prohibición de la Ley de Derecho al Voto de intimidar o coaccionar a quienes ayudan a otros a votar, y que es probable que interfiera en la administración electoral y prive del voto a electores legales.

Quién demanda y qué alcance tiene

La demanda la presentaron los sindicatos de empleados públicos AFSCME y SEIU, junto con las organizaciones de derechos civiles LULAC y NAACP, ante el tribunal federal del distrito norte de California, según el comunicado de AFSCME. Los demandados son el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, aunque Reuters y CBS News solo mencionan al primero al describir la orden.

Las fuentes difieren al presentar el alcance de la decisión. CNN la describe como una orden que frena la campaña de presión del Departamento de Justicia sobre funcionarios electorales «de todo el país», mientras que CBS News la enmarca en las autoridades electorales de California. Reuters no precisa si se limita a algún estado.

El contexto: 20.000 votos en disputa

El caso nace del choque entre el Gobierno federal y California. El Departamento de Justicia sostiene que unas 20.000 personas inscritas en el censo californiano no son ciudadanas estadounidenses y ha presionado para que se separen sus votos por correo. Otro juez federal rechazó esa petición, y un tribunal de apelación también la desestimó, según CBS News. La cadena añade que el departamento emitió citaciones de un gran jurado a responsables electorales del condado de Los Ángeles.

En julio, la División de Derechos Civiles del departamento, dirigida por Harmeet Dhillon, envió cartas a los 50 estados y al Distrito de Columbia en las que advertía de posibles procesamientos penales contra funcionarios electorales, de acuerdo con CBS News. Expertos electorales y responsables demócratas y algunos republicanos han calificado estas medidas de extralimitación federal, según Reuters.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios inmediatos, informó Reuters. La orden expira el 16 de noviembre y hay una audiencia prevista para el día 13, según CBS News. Los republicanos tienen mayorías estrechas en las dos cámaras del Congreso, y las encuestas dan ventaja a los demócratas para hacerse con la Cámara de Representantes, de acuerdo con Reuters.