La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos de la UE en el AVE tras el accidente de Urda

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la misma en la que el pasado 28 de octubre chocaron dos trenes cerca de Urda (Toledo), un accidente con 69 muertos. El organismo comunicó este viernes que lleva a cabo diligencias en la sede de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, con apoyo de la policía española.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas para pedir contratos que habrían sido financiados con dinero europeo. Las pesquisas se centran en contratos de mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía, y los delitos que se examinan son, entre otros, desvío de fondos europeos, fraude de subvenciones y malversación.

En su comunicado, recogido por AFP, la Fiscalía Europea explica que las diligencias derivan de una investigación por posible fraude en los fondos comunitarios para mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea. Advirtió de que por ahora no hará públicos más detalles. No han trascendido importes, empresas adjudicatarias ni personas investigadas.

Dos accidentes en la misma línea

Es la segunda vez este año que la Fiscalía Europea pone el foco en esta línea. En marzo abrió otra investigación tras el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero, cuando un tren descarriló y chocó con otro, con 46 fallecidos.

En el caso de Urda, según el relato de AFP, un tren de Renfe embistió a las 8.53 a un tren de Iryo que estaba detenido. A las 8.30, un fallo informático había dejado sin sistema de seguridad un tramo de 63 kilómetros y todos los trenes que circulaban por él se detuvieron. Poco después, al de Renfe se le indicó que reanudara la marcha sin limitación de velocidad, aunque estaba a unos 25 kilómetros por detrás del de Iryo. Óscar Puente, como ministro de Transportes, afirmó que ese tren no debía haber recibido la orden de avanzar o, como mínimo, debía haberlo hecho a velocidad reducida. Tras su dimisión, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, asumió de forma temporal la cartera, según EFE.

El aviso del Tribunal de Cuentas

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron a EFE la visita de los agentes y recordaron el informe que el órgano fiscalizador aprobó el 18 de diciembre de 2025 sobre cómo Adif y Adif Alta Velocidad gestionan los 5.974 millones de euros que tienen asignados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El informe concluyó que ambas entidades cuentan, en conjunto, con sistemas «adecuados» de gestión y control antifraude, pero detectó fallos. Analizó una muestra aleatoria de 14 expedientes y, en detalle, otros cinco que habían sido objeto de dos denuncias en 2022 en los canales éticos de Ineco y Adif, por adjudicaciones de 2021 y 2022, cuando eran ministros José Luis Ábalos y Raquel Sánchez. Esos casos afectaban a actuaciones en la línea León-La Coruña, el eje atlántico de alta velocidad y el túnel de Valencia; el informe no cita de forma expresa ningún contrato de la línea Madrid-Andalucía.

El Tribunal reprochó a Adif su «laxitud» al dar por regulares aquellas adjudicaciones y señaló irregularidades en los informes de valoración de las ofertas, falta de transparencia en el reparto de puntuaciones y un control «muy deficiente» de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés del personal.

Las informaciones consultadas no recogen por ahora ninguna reacción de Adif a las diligencias.